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La propuesta del cardenal

En las actuales circunstancias el gobierno no tiene margen para someter al Congreso un proyecto de ley de naturalización que se avenga a los intereses del país y al mismo tiempo garantice los derechos de los descendientes de inmigrantes haitianos afectados por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional.Con la bota sobre el cuello ningún Estado puede negociar un asunto tan serio atinente a su soberanía, a su independencia, a la libertad de determinar su política migratoria como lo hacen todos los países del mundo, empezando por Haití que establece en su Constitución quién accede a su nacionalidad.El proyecto de naturalización no puede ser festinado por el gobierno. Mucho menos aceptar que desde fuera quieran imponer las condiciones en que los dominicanos deben legislar para establecer una política migratoria que se avenga a sus intereses y le garantice la debida dignidad a las futuras generaciones.Ningún organismo internacional tiene derecho a presionar al Estado dominicano para…
listindiario.com – La República

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